Sin lugar a dudas, la Sentencia 168/13 del Tribunal
Constitucional, ha caído como un balde de agua fría a los promotores de la
fusión de las dos naciones que conforman la isla de Santo Domingo que, desde hacía
tiempo, apostaban a lograr su objetivo, poniendo en marcha prácticas
deshonestas y aberrantes en las que involucraron a organismos internacionales;
crearon entidades conocidas como ONG´s y facilitaron manos de obra barata a los
sectores empresariales, productivos y servicios en la República Dominicana.
Era un plan orquestado que se cimentó en la oscuridad, y que
a menudo, mostraba algunos destellos de luz.
Procuraba, en conversaciones de aposentos, el apoyo tanto en el país
como en grandes naciones que vieron en el proyecto la salida magistral a tan
odioso problema hemisférico de pobreza extrema, insalubridad, deforestación total,
entre otros males que registra la nación
haitiana y que se agravaron con el terremoto del 12 de enero del 2010, lo cual,
desde entonces, acredita a ese país: Estado fallido.
Algunos dominicanos habían notado lo que se venía encima a la
República Dominicana y expresaban su parecer en medios de comunicaciones
escritos, televisivos y radiales. A quienes más insistían en presentar la
problemática se les marcó como racistas y antihaitianos. Estos dominicanos pudieron
visualizar el plan que se pretendía a lo lejos y a la vez muy cerca: querer pisotear
la sangre derramada en tan innúmeras batallas a lo largo de nuestra historia,
de hombres y mujeres que amaron y nos legaron la libertad y la soberanía.
Lo que evidenciaba el plan en su mayor expresión y proporción,
lo concita el avispero que han montado las autoridades haitianas a nivel
internacional. Han ido a la seca y a la meca, procurando apoyo para que la
medida soberana de la República Dominicana sea desconocida, desarmada y
retractada. Saben y reconocen que la Sentencia del Constitucional desmonta lo que
se había gestado con tanto empeño y recursos, y que ahora, quedaba al
descubierto, desenmascarando lo que por décadas había sido programado ocurriese
en cualquier momento de los años venideros, sea en el 2019 como en el 2022.
Entre los puntos básicos del plan figuraba intervenir
directamente el registro civil de la República Dominicana y lo habían logrado
con la ayuda de recursos y malos dominicanos. Obtener actas de nacimientos,
cédulas de identidad y pasaportes, fue
por años presa fácil de los gestores fusionistas quienes vanamente creyeron que
dos culturas y dos razas muy distintas, podían mezclarse con la sola obtención
de tan preciadas identificaciones. El porte ilegal de estos documentos, hacía y
aún hace presumir a un nacional haitiano de ser y que se le considere dominicano.
En este aspecto, todo el pueblo dominicano observó como el
testigo Winne Jan, llevado ante los jueces de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por representantes de ONG´s, insistía en ser reconocido como
dominicano, y fue evidente, que sus
padrinos suplantaron la identidad que portaba y se equivocaron con tal
individuo y los demás que apadrinan en identificarlos como hijos de la tierra
de Luperón, Caamaño y otros tantos héroes de la libertad.
Un segmento importante de la población dominicana desconocía
el por qué las autoridades haitianas no obligan a sus nacionales documentarse; a
ningunos de los gobiernos que ha tenido la nación más empobrecida del
continente americano les ha importado que sus habitantes obtengan actas de
nacimiento, ni mucho menos cédulas de identidad.
Este desorden y salvajismo de Haití lo ha exportado a la
República Dominicana de manera ilegal con la entrada de miles de sus habitantes
que, a cualquier hora del día o de la noche, violan zonas fronterizas con la
excusa de procurar mejores condiciones de vida, y que a la vez son presas
utilizadas como entes de presión para obligar a las autoridades dominicanas
reconocerlos como hijos, con la intención marcada, debajo de las mangas: ser
muestra de la fusión gestada.
La Sentencia 168/13 abre las puertas a la regularización de
miles de nacionales haitianos que viven ilegalmente en el Estado dominicano, y
que les permitirá a sus autoridades contar con un registro de control de la
cantidad y calidad de esas personas en su territorio. Pero no, no, decenas de
las entidades que se han lucrado por años con el problema haitiano se niegan a
colaborar. Se han presentado como portadores de la verdad y exigen derechos,
desconociendo los derechos de quienes tienen la carga social en sus hombros.
Estas entidades amenazan con seguir la práctica de denuncias
de maltratos a los seres humanos que dicen defender ante todos los organismos
internacionales posibles, con lo que muestran la hipocresía más hostil y
mezquina que habita en las profundidades de su interior.
En la práctica defienden el modo vivendi que les ha
proporcionado grandes recursos y comodidades desde que se gestó el plan
fusionista en el que involucraron a profesionales de todo tipo en la República
Dominicana y, con la Sentencia, han mostrado
sus rostros en los que se puede observar a periodistas, sociólogos,
economistas, juristas, entre otros, que desde hacía tiempo eran altoparlantes
de la pretensión desenmascarada.
Cuando las autoridades haitianas interpusieron la veda
inescrupulosa y ridícula a los productos avícolas dominicanos, ya se
evidenciaba el plan. Esta acción nefasta le quitaba el manto. La indignación
que sintió el pueblo dominicano no se hizo esperar. El gobierno de Haití apostó
a desacreditar a la República Dominicana y decía al mundo que los productos
avícolas que producía el vecino estaban contaminados con bacterias de toda
clase que amenazaba la vida de los habitantes haitianos y que por tanto tenían
que prohibir la entrada a su territorio.
Esa nación, sin ningún estándar de salubridad, cuyos
habitantes son portadores, en gran porcentaje, de enfermedades que el mundo
creía erradicadas, se pronunciaba así, desconsiderando un país que le tendió
las manos y alimentó a gran parte de sus hijos con iguales productos, amén de ofrecerles soluciones médicas en el
momento más crítico de la fatalidad que padece.
Ese acto evidenció que se trataba de un plan de descrédito
hacia el país solidario que ha sido la República Dominicana con el pueblo
haitiano. El plan había comenzado a dar señales de luz y era preciso procurar
herramientas para desarticularlo, y de qué forma. Una Sentencia, que vendría a
regularizar la presencia incalculable de inmigrantes ilegales en territorio
dominicano, ha sido el grito desesperado de quienes creyeron que la República
Dominicana no iba a despertar jamás y que
nunca se iba a atrever a tomar la sartén
por el mango ante lo que se trabajaba por detrás y en frente, tanto en el país
como en naciones protectoras de la desventura haitiana.
